17 años de la masacre en el refugio de Amiryah
El ataque terrorista olvidado
Malcom Lagauche
Uruknet
Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos
La mañana del 14 de febrero de 1991, cuando encendí la tele para oír las últimas mentiras que se contaban al público acerca de los bombardeos estadounidenses a Iraq, vi la caótica situación que había en Bagdad. Acababa de ocurrir el bombardeo al refugio de Amiryah con dos descomunales bombas de casi 2.000 kilos cada una. La información era muy vaga, pero era evidente que habían muerto muchas personas.
Las primeras declaraciones de la administración estadounidenses fueron que Estados Unidos había atacado un puesto de mando y control iraquí, y que los muertos eran militares. Poco después las cámaras mostraron los cuerpos carbonizados de mujeres y niños, así que hubo que revisar lo que afirmaban los estadounidenses. Entonces la administración afirmó que el edificio era un objetivo militar en el que Sadam Husein había colocado a civiles para proteger al personal militar .
Recuerden que el actual vice-presidente de Estados Unidos, Dick Cheney, en 1991 era el secretario estadounidense para la Guerra. Declaró: “Culpamos a los dirigentes estadounidenses por poner las vidas de los civiles en peligro". Esta declaración no sólo era una mentira, sino una de las acusaciones más absurdas que se pueden hacer porque denigraba a las miles de personas que habían perdido sus vidas. Cheney, un ávido cazador de codornices, disparó una vez contra un compañero de cacería. Es incapaz de diferenciar entre un ave pequeña y una persona, con lo que su falta de agudeza o de buena vista no es ninguna novedad.
Durante dos horas se dijo al mundo que los iraquíes habían llevado a estos civiles a la muerte al situarlos en un objetivo militar. Pero entonces empezó a emerger la verdad.
El refugio contra bombas de Amiryah se construyó como un refugio civil durante la guerra irano-iraquí. Hasta el ingeniero que lo había diseñado afirmó en televisión que era imposible utilizarlo militarmente.
Una vez que se dejaron de lado las mentiras, se hizo evidente que Estados Unidos o bien lo había confundido con un lugar militar o lo había bombardeado deliberadamente sabiendo que era un refugio contra los bombardeos. A día de hoy, ningún portavoz del gobierno estadounidenses ha mencionado siquiera la verdad. De hecho, después del 14 de febrero de 1991, no se habla de este asunto, ni siquiera de las mentiras que se dijeron sobre él.
Quienes estaban dentro del refugio murieron de una manera espantosa. Primero una bomba de unos 2.000 kilos perforó el refugio y perforó un túnel por el que se lanzó una segunda bomba de 2.000 kilos. Ambas explotaron, dejaron un descomunal agujero y mataron a más de 500 personas. Sólo siete personas sobrevivieron al ataque. Quienes murieron vieron la primera bombas y tuvieron unos pocos segundos de vida antes de que la segunda se abriera paso dentro del refugio. Un ataque semejante va más allá de la monstruosidad de los bombardeos en los que las persona mueren inmediatamente.
Las filas de cuerpos muertos carbonizados en la calle presentaba una espantosa imagen que recordaba a Hiroshima después de que Estados Unidos arrojara sus bombas atómicas.
El 14 de febrero, es el 17 aniversario del bombardeo del refugio y, sin embargo, se han escrito muy pocas palabras para recordar este espantoso acto. Antes de marzo de 2003, al menos los iraquíes lo conmemoraban y recordaban a sus muertos. Los títeres que hoy están en el poder [en Iraq] no quieren recordar al mundo la falta de consideración por la vida humana que Estados Unidos demostró en 1991 durante los bombardeos a los que sometió a Iraq. Muchos de estos títeres siquiera estaban entonces en el país. Por mucho que oculten sus cabezas en la arena, nada borrará nunca el dolor de uno de los ataques terroristas más brutales cometidos en la historia. El silencio de Estados Unidos y de sus colaboracionistas iraquíes es ensordecedor.
Enlace con el original: http://www.uruknet.de/?p=41089
lunes, 25 de febrero de 2008
domingo, 24 de febrero de 2008
MEDICACION DE SOLDADOS EN EEUU
Juan Gelman
Página 12
No es el mero lavado de cerebros, del que se ocupan cotidianamente gobiernos como el de la Casa Blanca donde asientan sus traseros –única materia pensante que, al parecer, poseen– los fautores de guerras infinitas, o ciertos medios, ciertas audiciones de radio, ciertas cadenas de televisión. Es algo más: es la mutilación de sentimientos morales como el arrepentimiento, la culpa, la memoria del horror, la solidaridad, la compasión, la repugnancia de matar a otros seres humanos y hasta la dignidad del combate. El Pentágono ha tomado medidas para que nada de eso asalte a sus soldados, que considera apenas material desechable. Se lo ha oficializado el Congreso de EE.UU.
La Ley de psicología Kevlar de 2007 faculta a la Secretaría de Defensa "a desarrollar y aplicar un plan de medidas preventivas y de intervención temprana, de prácticas o procedimientos que reduzcan la posibilidad de que el personal en combate padezca desórdenes post traumáticos (PTSD, por sus siglas en inglés) y otras psicopatologías relacionadas con el estrés, incluyendo la utilización de substancias" (www.opencongress.org, 31-7-07). La sustancia es el propanolol y esa preocupación tiene razones: casi el 40 por ciento de los soldados, un tercio de los marines y la mitad de los guardias nacionales que han luchado en Irak sufren graves trastornos mentales, según se asienta en un informe del Grupo de Tareas sobre Salud Mental del Pentágono (www.defense link.mil, 15-6-07). En el informe relativo a los suicidios en las fuerzas armadas estadounidenses después de la invasión y ocupación de Irak se registra que la tasa de efectivos que se dieron muerte por mano propia en el 2006 es la más alta desde 1980 (www.armymedicine.army.mil, 2006). La CBS informó en diciembre que, con base en una investigación que llevó a cabo, más de 6250 veteranos se suicidaron en el 2005, unos 17 cada día. Las bajas en el frente fueron mucho menores. La muerte no cesa de trabajar después de los tiros.
La lógica de la ley Kevlar es sencilla: si los chalecos antibalas protegen el físico de los militares estadounidenses, ¿por qué no emplear drogas para proteger su subjetividad? Desde la Segunda Guerra Mundial, el Pentágono viene desarrollando métodos para modificar los valores éticos que las familias y la escuela inculcaron a los reclutas. El teniente coronel Peter Kilner fue muy claro al respecto: "El entrenamiento militar moderno condiciona a los soldados para que reaccionen ante los estímulos y esto maximiza su capacidad letal, desbordando toda autonomía moral. Se condiciona a los soldados para que actúen sin considerar las repercusiones morales de sus acciones, se los torna capaces de matar sin tomar la decisión consciente de hacerlo. Si no pueden justificar ante sí mismos el acto de matar a otro ser humano, probable y comprensiblemente se sentirán muy culpables y esto se manifestará en un PTSD y dañará la vida de miles de hombres que cumplieron su deber en el frente" (The New Yorker, 5-7-04). El coronel Kilner es profesor de filosofía y ética en West Point. ¿Cómo definirá la ética en sus clases?
La cápsula de propanolol destinada a los efectivos estadounidenses tiene efectos varios. Es como una pastilla del día siguiente, atenúa o apaga la memoria de los horrores vistos y cometidos. Esta técnica de congelación de la sensibilidad y la memoria explica el miedo de las familias que se instala en los hogares cuando los veteranos vuelven y ejercen una violencia indiscriminada. También el número de violaciones dentro de las fuerzas armadas de EE.UU.: ascendieron a 2374 casos en el 2005, un incremento del 40 por ciento respecto del año anterior, y se trata apenas de los casos denunciados. El general K.C. McClain, comandante del grupo de tareas del Pentágono encargado de la prevención y respuesta a las agresiones sexuales en las propias filas, subrayó: "Los estudios indican que sólo se notifica el 5 por ciento de esos hechos" (www.defenselink.mil, 16-3-06). Si así fuere, tales agresiones habrían superado la cifra de 47000 en el año investigado, más de 130 por día. Una friolera, vamos.
Es notorio que el propanolol se emplea con fines terapéuticos, entre otras cosas para aminorar la presión sanguínea y poner coto a las arritmias del corazón. Algunos atletas lo utilizan a manera de dopping con el objeto de mejorar su rendimiento. Para el Pentágono es otra cosa: una garantía de que las tropas perpetren cualquier crimen sin cuestionamiento alguno y puedan seguir cometiéndolos. La ley Kevlar facilita la "cura" de los impulsos suicidas y los trastornos mentales que experimentan los efectivos norteamericanos mutilando su memoria y sentimientos. La lobotomía moral existe.
Página 12
No es el mero lavado de cerebros, del que se ocupan cotidianamente gobiernos como el de la Casa Blanca donde asientan sus traseros –única materia pensante que, al parecer, poseen– los fautores de guerras infinitas, o ciertos medios, ciertas audiciones de radio, ciertas cadenas de televisión. Es algo más: es la mutilación de sentimientos morales como el arrepentimiento, la culpa, la memoria del horror, la solidaridad, la compasión, la repugnancia de matar a otros seres humanos y hasta la dignidad del combate. El Pentágono ha tomado medidas para que nada de eso asalte a sus soldados, que considera apenas material desechable. Se lo ha oficializado el Congreso de EE.UU.
La Ley de psicología Kevlar de 2007 faculta a la Secretaría de Defensa "a desarrollar y aplicar un plan de medidas preventivas y de intervención temprana, de prácticas o procedimientos que reduzcan la posibilidad de que el personal en combate padezca desórdenes post traumáticos (PTSD, por sus siglas en inglés) y otras psicopatologías relacionadas con el estrés, incluyendo la utilización de substancias" (www.opencongress.org, 31-7-07). La sustancia es el propanolol y esa preocupación tiene razones: casi el 40 por ciento de los soldados, un tercio de los marines y la mitad de los guardias nacionales que han luchado en Irak sufren graves trastornos mentales, según se asienta en un informe del Grupo de Tareas sobre Salud Mental del Pentágono (www.defense link.mil, 15-6-07). En el informe relativo a los suicidios en las fuerzas armadas estadounidenses después de la invasión y ocupación de Irak se registra que la tasa de efectivos que se dieron muerte por mano propia en el 2006 es la más alta desde 1980 (www.armymedicine.army.mil, 2006). La CBS informó en diciembre que, con base en una investigación que llevó a cabo, más de 6250 veteranos se suicidaron en el 2005, unos 17 cada día. Las bajas en el frente fueron mucho menores. La muerte no cesa de trabajar después de los tiros.
La lógica de la ley Kevlar es sencilla: si los chalecos antibalas protegen el físico de los militares estadounidenses, ¿por qué no emplear drogas para proteger su subjetividad? Desde la Segunda Guerra Mundial, el Pentágono viene desarrollando métodos para modificar los valores éticos que las familias y la escuela inculcaron a los reclutas. El teniente coronel Peter Kilner fue muy claro al respecto: "El entrenamiento militar moderno condiciona a los soldados para que reaccionen ante los estímulos y esto maximiza su capacidad letal, desbordando toda autonomía moral. Se condiciona a los soldados para que actúen sin considerar las repercusiones morales de sus acciones, se los torna capaces de matar sin tomar la decisión consciente de hacerlo. Si no pueden justificar ante sí mismos el acto de matar a otro ser humano, probable y comprensiblemente se sentirán muy culpables y esto se manifestará en un PTSD y dañará la vida de miles de hombres que cumplieron su deber en el frente" (The New Yorker, 5-7-04). El coronel Kilner es profesor de filosofía y ética en West Point. ¿Cómo definirá la ética en sus clases?
La cápsula de propanolol destinada a los efectivos estadounidenses tiene efectos varios. Es como una pastilla del día siguiente, atenúa o apaga la memoria de los horrores vistos y cometidos. Esta técnica de congelación de la sensibilidad y la memoria explica el miedo de las familias que se instala en los hogares cuando los veteranos vuelven y ejercen una violencia indiscriminada. También el número de violaciones dentro de las fuerzas armadas de EE.UU.: ascendieron a 2374 casos en el 2005, un incremento del 40 por ciento respecto del año anterior, y se trata apenas de los casos denunciados. El general K.C. McClain, comandante del grupo de tareas del Pentágono encargado de la prevención y respuesta a las agresiones sexuales en las propias filas, subrayó: "Los estudios indican que sólo se notifica el 5 por ciento de esos hechos" (www.defenselink.mil, 16-3-06). Si así fuere, tales agresiones habrían superado la cifra de 47000 en el año investigado, más de 130 por día. Una friolera, vamos.
Es notorio que el propanolol se emplea con fines terapéuticos, entre otras cosas para aminorar la presión sanguínea y poner coto a las arritmias del corazón. Algunos atletas lo utilizan a manera de dopping con el objeto de mejorar su rendimiento. Para el Pentágono es otra cosa: una garantía de que las tropas perpetren cualquier crimen sin cuestionamiento alguno y puedan seguir cometiéndolos. La ley Kevlar facilita la "cura" de los impulsos suicidas y los trastornos mentales que experimentan los efectivos norteamericanos mutilando su memoria y sentimientos. La lobotomía moral existe.
LA GRAN SOPA DE PLASTICO DEL PACÍFICO
Es de desechos de plástico, flota en el Océano Pacífico, se extiende desde la costa de California, pasa Hawai, llega casi al Japón y tiene una superficie que duplica el territorio continental de EE.UU. Esta “Gran mancha de basura del Pacífico” –así la llaman– fue descubierta en 1997 y por mera casualidad.
El ex marino y oceanógrafo estadounidense Charles Moore partió de Los Angeles con su yate para participar en una carrera en Hawai, tenía prisa, evitó las rutas más frecuentadas y el atajo lo llevó al descubrimiento. Navegó contra una selva de botellas y restos de plástico día tras día durante una semana. Su asombro y su disgusto fueron tales que vendió todas sus empresas, se convirtió en un activista de la preservación del océano y creó la Fundación Algalita de Investigaciones Marinas (AMRF, por sus siglas en inglés). No se conocen otros casos de herederos de grandes fortunas petroleras que hayan incurrido en semejante actitud.
Charles Moore opina que alrededor de 100 millones de toneladas de desechos de plástico flotan en la región. Markus Eriksen, investigador de AMRF, declaró recientemente: “La gente pensaba que era un isla de basura plástica sobre la que casi se podía caminar. No es así. Es como una sopa de plástico”. Que suele convertir a las playas de Hawai en un sucio vertedero. La mayor parte de esos residuos no proviene –como antes– de los buques que surcan las aguas del Pacífico. Sus principales abastecedores moran en tierra firme. Producen 60 mil millones de toneladas de plástico cada año y los residuos de su materia prima son tan livianos que pueden ser arrastrados por los vientos y mantenerse en la superficie de las aguas. Se estima que constituyen el 90 por ciento de los desperdicios que padece el norte del Pacífico central; flotan y recorren largas distancias a lomo de las corrientes marinas. No sin consecuencias contrarias a la biodiversidad del medio.
La AMRF señala en un informe que las partículas de plástico afectan al menos a 267 especies marinas en todo el mundo, incluyendo al 86 por ciento de todas las clases de tortugas, al 44 por ciento de las especies de aves y al 43 por ciento de las especies de mamíferos del mar (www.algalita.org, 9-4-07). Aves y mamíferos marinos confunden las partículas con huevos de pescado. Un ejemplo: el 40 por ciento de los pichones de albatros del atolón hawaiano de Midway muere prematuramente por esa confusión. En el estómago de algunos mamíferos se han encontrado jeringas, encendedores, cepillos de dientes y otros objetos que creyeron alimento. Aún no se conoce a fondo el impacto de la diseminación de plásticos en los ecosistemas marinos y se ignora cuánto tiempo debe transcurrir antes de que esas partículas se biodegraden. Probablemente siglos.
La basura se acumula sin pausa en las aguas norteñas del Pacífico central: se multiplicó por tres en una década y en las costas del Japón se decuplica cada 2 o 3 años (www.plasticdebris.org, 2005). En esa región del océano hay seis vórtices de convergencia sometidos a una elevada presión atmosférica. Las corrientes marinas son débiles allí y el total de las partículas de plástico pesa seis veces más que el plancton de esos lugares (Los Angeles Times, 2-8-06). Plancton que, como otros invertebrados marinos, también ingiere plástico para su desgracia y la ajena. Las partículas flotantes transportan además organismos marinos que emigran y esa mezcla biótica los convierte en especies depredadoras que también amenazan la biodiversidad del medio. En las costas de la Florida han aparecido dos especies de esa índole que avanzan hacia las aguas del Caribe.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) concluye que más de un millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren cada año por la ingestión de desechos plásticos. El problema es grave: para lograr mayor flexibilidad, duración y resistencia al calor del material, se agrega a la materia prima aditivos y sustancias que convierten a los desperdicios en una suerte de esponjas químicas que absorben hidrocarbonos y pesticidas. Existe el peligro de que por esa vía ingresen a la cadena alimentaria humana. “Lo que entra en el océano entra en esos animales y llega al plato de comida. Así de simple”, sentenció el Dr. Eriksen.
De fuentes territoriales llega al océano el 80 por ciento de las partículas de plástico (Pnuma, 1995), la mayoría de los cuales no se puede quitar del agua en razón de su pequeñez y abundancia. La solución del problema consistiría en reciclar en tierra los restos de plástico antes de que se internen en el mar, pero actualmente sólo se procesa del 3 al 5 por ciento del desecho. Más de dos tercios de la superficie terrestre están cubiertos por océanos y mares interconectados. El problema es global.
Por Juan Gelman
EL CRIMEN QUE ANGUSTIA A LOS DIRECTIVOS DE NESTLÉ
El Espectador
El crimen que angustia a los directivos de Nestlé
A finales de noviembre pasado, mientras el país observaba atónito y desconcertado las desgarradoras pruebas de supervivencia de los secuestrados por las Farc, y cuando no se hablaba de otro asunto más allá de una consigna común por el acuerdo humanitario, una trascendental decisión judicial pasó de agache: la condena que impuso un juez especializado a dos desmovilizados de las autodefensas por el asesinato del líder sindical Luciano Romero Molina, ocurrido el 10 de septiembre de 2005.
El fallo no tendría una relevancia mayúscula y sería apenas una condena más por el sistemático exterminio de sindicalistas en Colombia (asunto que preocupa en demasía a los congresistas demócratas de Estados Unidos y que, de cualquier manera, tiene en el limbo el futuro del TLC con ese país), de no ser porque, en criterio del juez José Nirio Sánchez, quien ordenó el crimen fue el desmovilizado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y porque, peor aún, existen indicios que comprometen a la multinacional Nestlé con el homicidio.
Por eso, en el fallo de 110 páginas, conocido por El Espectador, el juez ordenó investigar a los directivos de Nestlé-Cicolac para que se indague “su presunta injerencia en el asesinato del líder sindical y en atención a la solicitud que elevó Carlos Alberto Vélez en su condición de gerente de seguridad para América Latina” de la multinacional. Un panorama cenagoso e incómodo para la exitosa compañía, en tiempos en los que imperan verdades siniestras que asoman su cabeza y escandalizan a un país que reclama justicia mientras exorciza los demonios de la guerra paramilitar que silenciosamente se incrustó en los intereses del empresariado colombiano.
Génesis del crimen
A las 7:30 p.m. del 10 de septiembre de 2005, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sintrainal) Luciano Enrique Romero Molina fue abordado por los paramilitares José Antonio Ustariz Acuña y Jhonatan Contrera Puello y fue llevado a la finca Las Palmeras, a escasos pasos del Batallón La Popa de Valledupar. Allí se lo entregaron a Jimmy, comandante del Bloque Mártires de las Autodefensas, acusándolo de ser guerrillero del Eln. “Lo interrogaron y como no quiso hablar, Jimmy ordenó que lo mataran a cuchillo”.
Su cadáver sería encontrado 13 horas después por las autoridades. Torturado. Con un pañuelo en la boca. Y 50 cuchilladas. Huella irrefutable de la sevicia de sus asesinos. El expediente, sin embargo, arrojaría luces más preocupantes aún. Romero Molina tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA debido a su lucha sindical, y el 29 y 30 de octubre de 2005 —mes y medio después del día en que lo asesinaron— iba a ser testigo estelar de la política trasnacional de Nestlé en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos que se realizaría en Berna (Suiza).
Según el expediente, Romero denunciaría las presuntas violaciones de los derechos laborales de la multinacional en Colombia ante el tribunal internacional de justicia alternativa. De hecho, detalla el juez en su sentencia, otros sindicalistas y ex trabajadores de Nestlé, como Víctor Mieles, Alejandro Martínez Toribío y Harry Laguna, corrieron la misma suerte de Romero por cuenta de su férrea batalla sindical: todos perecieron a manos de los paramilitares. La pregunta que plantea el histórico fallo es si la multinacional se valió de las autodefensas para perpetrar estos crímenes.
La lucha sindical de Luciano Romero se inició en 1990. Para noviembre de 2004 su nombre había estado tan expuesto que le tocó refugiarse en España durante cinco meses, en el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos. Regresó a Valledupar y continuó enarbolando las banderas del sindicalismo en una región que dominaba a su antojo el Bloque Norte de los paramilitares. Pero fue ultimado atrozmente. Su muerte sumó además una estadística feroz: 21 miembros de Sintrainal han sido asesinados desde 1987. Es decir, uno por año.
“La importancia de este fallo radica en que clarifica que hubo móviles políticos para asesinarlo. Él era testigo en un tribunal internacional de hechos irregulares y de violación de derechos laborales a los trabajadores por parte de Nestlé. Lo mataron para evitar sus denuncias. Nestlé ha tenido como costumbre la presión ilegal contra los trabajadores a través de amenazas. Hay que investigar si esas amenazas y estos asesinatos se dieron por solicitud de Nestlé. Es muy grave”, señaló Agustín Jiménez, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
El Espectador consultó a las directivas de la multinacional para que fijaran su posición. A través de un comunicado fueron categóricos en rechazar cualquier vínculo con grupos ilegales (ver recuadro “comunicado”). Sin embargo, la orden del juzgado de investigar a las directivas de la compañía no deja de ser un episodio perturbador. Mucho más para una empresa que se ha caracterizado por su responsabilidad social. Nestlé, una de las principales compañías de alimentos y bebidas del mundo, que emplea a 265.000 personas en 481 fábricas situadas en 87 países, se enfrenta a una encrucijada sin precedentes: probarle a la justicia que nada tiene que ver con las Auc.
Así las cosas, la Fiscalía deberá iniciar un nuevo expediente. Esta vez para desentrañar si hubo o no manos del empresariado en el asesinato del líder sindical Luciano Romero Molina. Y también para establecer la participación de Jorge 40 en la decisión de ejecutar al reconocido dirigente. Este semanario consultó con fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, quienes al parecer no tienen un criterio uniforme sobre si el desmovilizado jefe paramilitar podría perder los beneficios de la ley por cuenta de este homicidio.
Para algunos fiscales, luego de la expedición de La ley de Justicia y Paz, en julio de 2005, los paramilitares no podían cometer más delitos si querían ser incluidos en la lista de beneficiarios de la norma. En este caso, Rodrigo Tovar podría quedar excluido de las bondades procesales de la ley. No obstante, otros fiscales manejan la teoría de que es a partir del momento de la desmovilización cuando se ven obligados a abandonar su accionar delictivo. De cualquier manera, sostuvo uno de los fiscales consultados, será el magistrado de Justicia y Paz el que tendrá la última palabra.
Una discusión que comienza a ambientarse precisamente en tiempos en los que el Gobierno lanza la inusitada propuesta de adelantar juicios colectivos a los jefes paramilitares. Iniciativa que, de entrada, ya empieza a causarles dolores de estómago a muchos defensores de derechos humanos (ver recuadro “juicios colectivos...”). Por ahora, lo cierto es que una de las multinacionales más prósperas del país, Nestlé, tiene el desafío de comprobarle a la justicia su inocencia.
¿Juicios colectivos o impunidad colectiva?
Desde mucho antes de entrar en vigencia, la Ley de Justicia y Paz ya era duramente criticada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y ahora, dos años y medio después de entrar en funcionamiento, una nueva señal de alerta pone la norma en el ojo del huracán. El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, soltó una polémica propuesta que fue discutida el viernes pasado en el Consejo Superior de Política Criminal y que busca, en cortas palabras, agilizar el proceso judicial en contra de los paramilitares desmovilizados cobijados por los beneficios procesales de esta ley.
La propuesta reza: “Teniendo en cuenta que esta clase de organizaciones delictivas operaban en bloque, pero bajo un mando responsable, considera el Gobierno que se podría llevar a cabo una investigación y juzgamiento conjunto”. De esta forma, dice el Ejecutivo, los más de 3.000 ex paramilitares que se han acogido a la ley podrían ser juzgados en un solo proceso y junto a los demás integrantes que hacían parte de los bloques en los que militaron. A esto se suma la insistencia de que los testaferros de varios de los ‘paras’ en prisión puedan ser absueltos de todo cargo si entregan sus ilícitos bienes al Fondo Nacional de Reparación.
El asunto es tan peliagudo que distintas ONG ya pusieron el grito en el cielo y aseguraron que esta iniciativa podría beneficiar a los jefes de las autodefensas, pues librarían a la mayoría de sus familiares de líos judiciales. De acuerdo con las penas contempladas en la ley, la mayor condena no superaría los ocho años. Si se tiene en cuenta que el tiempo de su pena empezó a correr desde la instalación de la mesa de diálogos en la antigua zona de concentración en Santa Fe de Ralito (Córdoba), su permanencia en la cárcel podría terminar en no más de dos años.
Muchas ONG coinciden en que esta nueva jugada no es más que un obstáculo a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y la demostración de la incapacidad del Gobierno y los entes judiciales para procesar a los jefes ‘paras’. Varios de estos defensores de derechos humanos se preguntan si esto será, más que un juicio colectivo, una impunidad colectiva. Sin duda, una nueva controversia político-jurídica se abre camino, dejando a su paso múltiples preguntas por responder, pero una en especial: ¿Cuándo se producirán las primeras condenas?
El crimen que angustia a los directivos de Nestlé
A finales de noviembre pasado, mientras el país observaba atónito y desconcertado las desgarradoras pruebas de supervivencia de los secuestrados por las Farc, y cuando no se hablaba de otro asunto más allá de una consigna común por el acuerdo humanitario, una trascendental decisión judicial pasó de agache: la condena que impuso un juez especializado a dos desmovilizados de las autodefensas por el asesinato del líder sindical Luciano Romero Molina, ocurrido el 10 de septiembre de 2005.
El fallo no tendría una relevancia mayúscula y sería apenas una condena más por el sistemático exterminio de sindicalistas en Colombia (asunto que preocupa en demasía a los congresistas demócratas de Estados Unidos y que, de cualquier manera, tiene en el limbo el futuro del TLC con ese país), de no ser porque, en criterio del juez José Nirio Sánchez, quien ordenó el crimen fue el desmovilizado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y porque, peor aún, existen indicios que comprometen a la multinacional Nestlé con el homicidio.
Por eso, en el fallo de 110 páginas, conocido por El Espectador, el juez ordenó investigar a los directivos de Nestlé-Cicolac para que se indague “su presunta injerencia en el asesinato del líder sindical y en atención a la solicitud que elevó Carlos Alberto Vélez en su condición de gerente de seguridad para América Latina” de la multinacional. Un panorama cenagoso e incómodo para la exitosa compañía, en tiempos en los que imperan verdades siniestras que asoman su cabeza y escandalizan a un país que reclama justicia mientras exorciza los demonios de la guerra paramilitar que silenciosamente se incrustó en los intereses del empresariado colombiano.
Génesis del crimen
A las 7:30 p.m. del 10 de septiembre de 2005, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sintrainal) Luciano Enrique Romero Molina fue abordado por los paramilitares José Antonio Ustariz Acuña y Jhonatan Contrera Puello y fue llevado a la finca Las Palmeras, a escasos pasos del Batallón La Popa de Valledupar. Allí se lo entregaron a Jimmy, comandante del Bloque Mártires de las Autodefensas, acusándolo de ser guerrillero del Eln. “Lo interrogaron y como no quiso hablar, Jimmy ordenó que lo mataran a cuchillo”.
Su cadáver sería encontrado 13 horas después por las autoridades. Torturado. Con un pañuelo en la boca. Y 50 cuchilladas. Huella irrefutable de la sevicia de sus asesinos. El expediente, sin embargo, arrojaría luces más preocupantes aún. Romero Molina tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA debido a su lucha sindical, y el 29 y 30 de octubre de 2005 —mes y medio después del día en que lo asesinaron— iba a ser testigo estelar de la política trasnacional de Nestlé en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos que se realizaría en Berna (Suiza).
Según el expediente, Romero denunciaría las presuntas violaciones de los derechos laborales de la multinacional en Colombia ante el tribunal internacional de justicia alternativa. De hecho, detalla el juez en su sentencia, otros sindicalistas y ex trabajadores de Nestlé, como Víctor Mieles, Alejandro Martínez Toribío y Harry Laguna, corrieron la misma suerte de Romero por cuenta de su férrea batalla sindical: todos perecieron a manos de los paramilitares. La pregunta que plantea el histórico fallo es si la multinacional se valió de las autodefensas para perpetrar estos crímenes.
La lucha sindical de Luciano Romero se inició en 1990. Para noviembre de 2004 su nombre había estado tan expuesto que le tocó refugiarse en España durante cinco meses, en el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos. Regresó a Valledupar y continuó enarbolando las banderas del sindicalismo en una región que dominaba a su antojo el Bloque Norte de los paramilitares. Pero fue ultimado atrozmente. Su muerte sumó además una estadística feroz: 21 miembros de Sintrainal han sido asesinados desde 1987. Es decir, uno por año.
“La importancia de este fallo radica en que clarifica que hubo móviles políticos para asesinarlo. Él era testigo en un tribunal internacional de hechos irregulares y de violación de derechos laborales a los trabajadores por parte de Nestlé. Lo mataron para evitar sus denuncias. Nestlé ha tenido como costumbre la presión ilegal contra los trabajadores a través de amenazas. Hay que investigar si esas amenazas y estos asesinatos se dieron por solicitud de Nestlé. Es muy grave”, señaló Agustín Jiménez, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
El Espectador consultó a las directivas de la multinacional para que fijaran su posición. A través de un comunicado fueron categóricos en rechazar cualquier vínculo con grupos ilegales (ver recuadro “comunicado”). Sin embargo, la orden del juzgado de investigar a las directivas de la compañía no deja de ser un episodio perturbador. Mucho más para una empresa que se ha caracterizado por su responsabilidad social. Nestlé, una de las principales compañías de alimentos y bebidas del mundo, que emplea a 265.000 personas en 481 fábricas situadas en 87 países, se enfrenta a una encrucijada sin precedentes: probarle a la justicia que nada tiene que ver con las Auc.
Así las cosas, la Fiscalía deberá iniciar un nuevo expediente. Esta vez para desentrañar si hubo o no manos del empresariado en el asesinato del líder sindical Luciano Romero Molina. Y también para establecer la participación de Jorge 40 en la decisión de ejecutar al reconocido dirigente. Este semanario consultó con fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, quienes al parecer no tienen un criterio uniforme sobre si el desmovilizado jefe paramilitar podría perder los beneficios de la ley por cuenta de este homicidio.
Para algunos fiscales, luego de la expedición de La ley de Justicia y Paz, en julio de 2005, los paramilitares no podían cometer más delitos si querían ser incluidos en la lista de beneficiarios de la norma. En este caso, Rodrigo Tovar podría quedar excluido de las bondades procesales de la ley. No obstante, otros fiscales manejan la teoría de que es a partir del momento de la desmovilización cuando se ven obligados a abandonar su accionar delictivo. De cualquier manera, sostuvo uno de los fiscales consultados, será el magistrado de Justicia y Paz el que tendrá la última palabra.
Una discusión que comienza a ambientarse precisamente en tiempos en los que el Gobierno lanza la inusitada propuesta de adelantar juicios colectivos a los jefes paramilitares. Iniciativa que, de entrada, ya empieza a causarles dolores de estómago a muchos defensores de derechos humanos (ver recuadro “juicios colectivos...”). Por ahora, lo cierto es que una de las multinacionales más prósperas del país, Nestlé, tiene el desafío de comprobarle a la justicia su inocencia.
¿Juicios colectivos o impunidad colectiva?
Desde mucho antes de entrar en vigencia, la Ley de Justicia y Paz ya era duramente criticada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y ahora, dos años y medio después de entrar en funcionamiento, una nueva señal de alerta pone la norma en el ojo del huracán. El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, soltó una polémica propuesta que fue discutida el viernes pasado en el Consejo Superior de Política Criminal y que busca, en cortas palabras, agilizar el proceso judicial en contra de los paramilitares desmovilizados cobijados por los beneficios procesales de esta ley.
La propuesta reza: “Teniendo en cuenta que esta clase de organizaciones delictivas operaban en bloque, pero bajo un mando responsable, considera el Gobierno que se podría llevar a cabo una investigación y juzgamiento conjunto”. De esta forma, dice el Ejecutivo, los más de 3.000 ex paramilitares que se han acogido a la ley podrían ser juzgados en un solo proceso y junto a los demás integrantes que hacían parte de los bloques en los que militaron. A esto se suma la insistencia de que los testaferros de varios de los ‘paras’ en prisión puedan ser absueltos de todo cargo si entregan sus ilícitos bienes al Fondo Nacional de Reparación.
El asunto es tan peliagudo que distintas ONG ya pusieron el grito en el cielo y aseguraron que esta iniciativa podría beneficiar a los jefes de las autodefensas, pues librarían a la mayoría de sus familiares de líos judiciales. De acuerdo con las penas contempladas en la ley, la mayor condena no superaría los ocho años. Si se tiene en cuenta que el tiempo de su pena empezó a correr desde la instalación de la mesa de diálogos en la antigua zona de concentración en Santa Fe de Ralito (Córdoba), su permanencia en la cárcel podría terminar en no más de dos años.
Muchas ONG coinciden en que esta nueva jugada no es más que un obstáculo a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y la demostración de la incapacidad del Gobierno y los entes judiciales para procesar a los jefes ‘paras’. Varios de estos defensores de derechos humanos se preguntan si esto será, más que un juicio colectivo, una impunidad colectiva. Sin duda, una nueva controversia político-jurídica se abre camino, dejando a su paso múltiples preguntas por responder, pero una en especial: ¿Cuándo se producirán las primeras condenas?
EL ÁFRICA DE OJOS RASGADOS
Zigor Aldama
Diario SUR
Una imagen vale más que mil palabras. Una mujer africana, de facciones suaves, formas generosas y tocada con el tradicional turbante de colores, con su hijo enroscado en el brazo izquierdo. Con la mano derecha agita dos banderitas de plástico. Una, la suya, la de Zambia. La otra, compuesta por cinco estrellas amarillas sobre fondo rojo sangre. La de China. En el fondo de la imagen, se distingue a una multitud que hace lo propio. La razón: la visita del presidente chino Hu Jintao. Entre risas, uno de los curiosos declara a una cadena de televisión internacional: «Tendremos que empezar a acostumbrarnos a las estrellas sin las barras». Es evidente que algo está pasando.
Repentinamente, un interés desbordante por África ha inundado los televisores de 1.350 millones de chinos. La estatal CCTV emite documentales sobre el continente negro y sus maravillas naturales. También sobre sus abundantes recursos minerales. Materias primas en general. Mientras tanto, China sufre la falta de energía y uno de los inviernos más duros en un cuarto de siglo. El barril de crudo se dispara y el Gran Dragón necesita combustible para seguir creciendo. Hasta los campesinos de las zonas más remotas juntan las piezas del puzzle: la respuesta está en África.
En su última gira por el continente africano, y ya van tres, el actual líder de la República Popular China visitó ocho estados y cerró multitud de acuerdos de los que no se tienen todos los detalles. Entre los más sonados está la condonación de la deuda externa de varios países con China, la duplicación en 2009 de la ayuda destinada en 2006, la concesión de cinco mil millones de dólares en créditos blandos, el establecimiento de un fondo para el desarrollo chino-africano, la apertura del mercado chino libre de impuestos para 440 productos africanos, el establecimiento de tres a cinco zonas de cooperación económica, el desarrollo de 900 proyectos, el envío de 16.000 sanitarios y la formación en China de 15.000 profesionales africanos. Por si fuera poco, también prometió duplicar el actual comercio bilateral hasta los 100.000 millones de dólares.
Avalancha
Y hay más. El presidente chino se comprometió a incrementar el número de africanos becados en China hasta los 20.000 anuales en 2009 y a acercar el continente negro a las clases media y alta del pueblo de Mao. China Southern Airlines ha anunciado la apertura de nuevas rutas directas entre China y Nigeria; varias agencias de viajes, entre ellas la estatal CTS, han comenzado la confección y promoción de paquetes turísticos al continente; y varios museos preparan exposiciones de arte africano. Por lo visto, entre los acuerdos no publicitados también se encuentra la venta de armas a gobiernos que jamás han oído hablar de la Declaración de los Derechos Humanos. China no hace preguntas incómodas, ni lleva consigo exigencias de corte democrático.
¿Neocolonialismo u oportunismo? ¿Ayuda al desarrollo o explotación pura y dura? Son muchas las incógnitas que provoca la presencia cada vez mayor de China en África. Y de chinos en África. Según diferentes fuentes, no oficiales, su número supera ya el millón de personas, sobre todo trabajadores de la construcción y empresarios. Son los segundos, que suman ya 130.000, los que han comenzado a enfrentarse a los hombres de negocios locales. Muchos temen que los chinos puedan convertirse en una competencia económica imbatible para los nativos, algo que ha sucedido en otros países del continente asiático como Malasia o Indonesia.
Mientras tanto, gigantescas infraestructuras siguen naciendo en África de la mano de empresas chinas, que ya suman 700. La mayoría es pasto de la controversia, ya que los contratistas no tienen en cuenta ni el medio ambiente ni las condiciones laborales de los trabajadores. Prueba de ello son los 51 mineros muertos en una explotación china de Zambia. Y es lo que sucede con la presa de Merowe, que triplicará la capacidad energética de Sudán pero que provocará el desplazamiento forzoso de más de 60.000 personas.
En quince años, según el Banco de Desarrollo Africano, la inversión directa de China en el continente se ha multiplicado por 2.000. Desde los 5 millones de dólares de principios de la década de 1990, hasta los 11.700 millones de 2006. Ese año, el comercio bilateral alcanzó la cifra récord de 56.000 millones de dólares (un 40% más que en 2005), una suma que relega a Francia a la medalla de bronce. Si la tendencia continúa, China podría arrebatar el oro a Estados Unidos en un lustro.
Sin cambios
¿Supondría eso un cambio en la política de los estados africanos? La mayor parte de gobernantes del África Subsahariana consideran que no. China es el socio ideal porque invierte dinero a espuertas y sólo exige dinero a cambio. Además, conscientes de que el país asiático puede ser la oportunidad que llevaban esperando, la potencia que termine con la negligencia occidental y lleve a cabo las importantes inversiones que el continente demanda para salir de la pobreza crónica en la que está sumido, los líderes africanos reciben las estrellas sin barras con los brazos abiertos. Jakaya Mrisho Kikwete, presidente de Tanzania, no deja lugar a dudas: «El pueblo africano nunca ha pensado, ni lo hará, que China sea una amenaza para su continente. No sólo nos ayudaron a conseguir la independencia en su día, sino que ahora nos ofrecen la ayuda necesaria para encarar esta nueva era de la globalización».
En el plano oficial, todo son sonrisas y buenas palabras. Sólo Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica, ha mostrado públicamente sus dudas al pedir a sus socios africanos que estén en guardia y no caigan en nuevas relaciones de corte colonial con China. No le faltan razones para la preocupación, pues el déficit de su país con el gigante asiático ha pasado de 24 millones de dólares en 1992 a 400 en 2006.
Mientras tanto, desde Occidente la presencia china en el tradicional feudo blanco se ve con preocupación. Los chinos parecen tener claras las razones de este recelo: «No quieren vernos por allí porque puede que terminemos con su monopolio de los recursos africanos y que seamos más justos con la gente e interfiramos menos en sus políticas internas. En general, temen que se les acabe el chollo y los africanos nos prefieran a ellos», comenta Zhang You, analista de la Universidad de Pekín. ¿Y los propios africanos? «Ven un horizonte de esperanza alimentado por el espectacular crecimiento de China, un país que parece estar al margen de los intereses occidentales, que históricamente han perjudicado a África», agrega You.
Balance de poder
Para algunos países del continente negro, China es mucho más que un potencial inversor. Es un modelo que les gustaría copiar. «Ustedes son un ejemplo de transformación. En África tenemos que aprender de vuestra experiencia», les dijo el presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, a sus anfitriones chinos durante una conferencia en la capital china en la que también aplaudió la erradicación de la pobreza extrema en China.
Pero no es oro todo lo que reluce. China también impone condiciones políticas. La principal es el reconocimiento de la política de 'una sola China', que impide establecer relaciones diplomáticas con Taiwán. El último estado en ceder ante la presión china ha sido Malawi, que despidió 2007 dando un portazo a la isla rebelde y firmando un acuerdo con el gobierno de Pekín.
Según Zhang You, el papel del país de Mao en África también responde a otros intereses estratégicos. «Es parte del plan a largo plazo que el Partido Comunista tiene para equilibrar la balanza de poder con Estados Unidos», reconoce el analista chino. Sin duda, China busca su lugar en el tablero de la política internacional, busca una cuota de poder político que esté en consonancia con su creciente importancia económica. «Hasta ahora, Occidente ha robado y esquilmado al continente africano sin que a nadie le importe, y ha promovido activamente la inestabilidad política y social en la región, algo que le convenía. Ahora, China se interesa por su potencial y ofrece tratos justos, ¿qué hay de malo en ello?». Habrá que esperar para conocer la respuesta.
ECOCIDIO DEL AMAZONAS
Amazonía, ecocidio anunciado
Frei Betto
Adital
"No existe caña en la Amazonía. No tenemos conocimiento de ningún proyecto en la región, ni reciente ni antiguo", afirmó Reinhold Stephanes, ministro de Agricultura, haciendo eco a la campaña oficial de que la caña se mantiene lejos de la selva
Datos oficiales revelan que la plantación de caña de azúcar avanza sobre la Amazonía, a pesar de las negaciones del gobierno federal. Proyectos azucareros y alcoholeros instalados en Acre, Maranhão, Pará y Tocantins pasan por momentos de expansión acelerada. La región no sólo es fértil sino también competitiva. Lula se equivocó al afirmar que la caña "queda muy lejos de la Amazonía".
Según un informe de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), vinculada al Ministerio de Agricultura, la zafra de caña de la Amazonía Legal -que abarca estados como Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará y Tocantins- aumentó de 17.6 millones de toneladas a 19.3 millones en el período 2007-2008.
Dicho cultivo en la Amazonía atrae incluso a inversores extranjeros. El fondo de inversión Cooper Fund, de jubilados estadounidenses, ahora es socio del grupo TG Agro Industrial/Costa Pinto, que produce alcohol en Aldeias Altas (Maranhão). En el municipio de Campestre del Maranhão el empresario Celso Izar, de la Maity Bioenergía, negocia con inversores extranjeros cuatro proyectos, cada uno estipulado en US$ 130 millones, para producir 1.2 millones de toneladas de caña. La empresa produce actualmente un millón de toneladas.
Greenpeace cree que el gobierno no reúne condiciones para hacer valer la prohibición de plantar caña en la Amazonía. Aunque haya leyes prohibitivas, ¿cómo las puede implementar el gobierno? No basta con prohibir, es necesario inhibir la plantación. Ya sería más que suficiente si el gobierno llevara a la práctica lo que anunció el presidente Lula: cerrar el grifo de los bancos públicos a los inversores y dejar de liberar financiamientos. Sólo así sería posible paralizar nuevos proyectos.
Otro grave problema en la región amazónica es la extracción ilegal de maderas preciosas: cedro, caoba, freijó, jataí. Cada día 3.500 camiones circulan por el interior de la selva cargando madera ilegal. Con la escasez de la misma en el mundo, el precio del metro cúbico de la madera sacada de la Amazonía es pagado por los madereros a los propietarios de la zona a una media de US$ 10; después, la sierran y la exportan en forma de planchas o bloques cuadrados.
En Europa esa madera es vendida por los comerciantes locales a los fabricantes de muebles o a los consumidores comunes a un precio cercano a los US$ 1.400 el metro cúbico. O sea, una diferencia del 1.280%. El Brasil es el segundo mayor exportador de madera del mundo, por detrás de Indonesia.
En los últimos 37 años, desde que la dictadura empezó la carrera hacia la Amazonía, fueron taladas 70 millones de hectáreas, de las cuales el 78% han sido ocupadas por 80 millones de cabezas de ganado. Mientras tanto, por la madera exportada el Brasil sólo recaudó US$ 2.800 millones. Menos de lo ingresado por las exportaciones de Embraer, fabricante de aviones, durante un año.
Los ganaderos deforestan para tener pastos. Basta con saber que los mayores productores de carne están exactamente en los municipios paraenses donde hay mayor deforestación: São Félix do Xingu, Marabá, Conceição do Araguaia… Y otro detalle: el 62% de los casos de trabajo esclavo se dan en las haciendas ganaderas.
Grandes empresas, que poseen vastas extensiones de tierra en la Amazonía legal, deforestan para plantar eucalipto y transformarlo en carbón vegetal destinado a sus siderúrgicas en la región. Echan abajo la selva tropical más rica en biodiversidad del mundo e implantan el monocultivo de eucalipto, sin ninguna diversidad vegetal, y lo transforman en carbón, que aumenta el calentamiento global. En tanto las empresas se agigantan, la nación se queda con el peso de la degradación ambiental.
La Amazonía es víctima de un ecocidio en función de la ganancia del capital. Si la sociedad no presiona y el gobierno no actúa, en el futuro habrá allí un nuevo Sahara, con graves consecuencias para la sobrevivencia de la humanidad y de la Tierra.
[Autor de "Calendario del Poder", entre otros libros. Traducción de J.L.Burguet]
Frei Betto
Adital
"No existe caña en la Amazonía. No tenemos conocimiento de ningún proyecto en la región, ni reciente ni antiguo", afirmó Reinhold Stephanes, ministro de Agricultura, haciendo eco a la campaña oficial de que la caña se mantiene lejos de la selva
Datos oficiales revelan que la plantación de caña de azúcar avanza sobre la Amazonía, a pesar de las negaciones del gobierno federal. Proyectos azucareros y alcoholeros instalados en Acre, Maranhão, Pará y Tocantins pasan por momentos de expansión acelerada. La región no sólo es fértil sino también competitiva. Lula se equivocó al afirmar que la caña "queda muy lejos de la Amazonía".
Según un informe de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), vinculada al Ministerio de Agricultura, la zafra de caña de la Amazonía Legal -que abarca estados como Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará y Tocantins- aumentó de 17.6 millones de toneladas a 19.3 millones en el período 2007-2008.
Dicho cultivo en la Amazonía atrae incluso a inversores extranjeros. El fondo de inversión Cooper Fund, de jubilados estadounidenses, ahora es socio del grupo TG Agro Industrial/Costa Pinto, que produce alcohol en Aldeias Altas (Maranhão). En el municipio de Campestre del Maranhão el empresario Celso Izar, de la Maity Bioenergía, negocia con inversores extranjeros cuatro proyectos, cada uno estipulado en US$ 130 millones, para producir 1.2 millones de toneladas de caña. La empresa produce actualmente un millón de toneladas.
Greenpeace cree que el gobierno no reúne condiciones para hacer valer la prohibición de plantar caña en la Amazonía. Aunque haya leyes prohibitivas, ¿cómo las puede implementar el gobierno? No basta con prohibir, es necesario inhibir la plantación. Ya sería más que suficiente si el gobierno llevara a la práctica lo que anunció el presidente Lula: cerrar el grifo de los bancos públicos a los inversores y dejar de liberar financiamientos. Sólo así sería posible paralizar nuevos proyectos.
Otro grave problema en la región amazónica es la extracción ilegal de maderas preciosas: cedro, caoba, freijó, jataí. Cada día 3.500 camiones circulan por el interior de la selva cargando madera ilegal. Con la escasez de la misma en el mundo, el precio del metro cúbico de la madera sacada de la Amazonía es pagado por los madereros a los propietarios de la zona a una media de US$ 10; después, la sierran y la exportan en forma de planchas o bloques cuadrados.
En Europa esa madera es vendida por los comerciantes locales a los fabricantes de muebles o a los consumidores comunes a un precio cercano a los US$ 1.400 el metro cúbico. O sea, una diferencia del 1.280%. El Brasil es el segundo mayor exportador de madera del mundo, por detrás de Indonesia.
En los últimos 37 años, desde que la dictadura empezó la carrera hacia la Amazonía, fueron taladas 70 millones de hectáreas, de las cuales el 78% han sido ocupadas por 80 millones de cabezas de ganado. Mientras tanto, por la madera exportada el Brasil sólo recaudó US$ 2.800 millones. Menos de lo ingresado por las exportaciones de Embraer, fabricante de aviones, durante un año.
Los ganaderos deforestan para tener pastos. Basta con saber que los mayores productores de carne están exactamente en los municipios paraenses donde hay mayor deforestación: São Félix do Xingu, Marabá, Conceição do Araguaia… Y otro detalle: el 62% de los casos de trabajo esclavo se dan en las haciendas ganaderas.
Grandes empresas, que poseen vastas extensiones de tierra en la Amazonía legal, deforestan para plantar eucalipto y transformarlo en carbón vegetal destinado a sus siderúrgicas en la región. Echan abajo la selva tropical más rica en biodiversidad del mundo e implantan el monocultivo de eucalipto, sin ninguna diversidad vegetal, y lo transforman en carbón, que aumenta el calentamiento global. En tanto las empresas se agigantan, la nación se queda con el peso de la degradación ambiental.
La Amazonía es víctima de un ecocidio en función de la ganancia del capital. Si la sociedad no presiona y el gobierno no actúa, en el futuro habrá allí un nuevo Sahara, con graves consecuencias para la sobrevivencia de la humanidad y de la Tierra.
[Autor de "Calendario del Poder", entre otros libros. Traducción de J.L.Burguet]
WASHINGTON DEFIENDE USO DE LA TORTURA
El secretario de Justicia se niega a iniciar la investigación penal ni en el Congreso
Washington defiende uso de la tortura
William Fisher
IPS
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, se negó este jueves a iniciar una investigación penal dentro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por el uso del "submarino" o simulación de ahogamiento en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
Mukasey tampoco investigará cualquier otro tipo de tortura --por él llamadas "técnicas de interrogación intensificadas"-- ni dejará que el Congreso legislativo tenga acceso un memorando preparado por la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia en el que se concluye que estas prácticas eran legales.
Esa oficina sostuvo que el llamado en inglés "waterboarding", tortura muy utilizada pro las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, fue "legal en ese momento", dijo Mukasey al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pero subrayó que los documentos relacionados con esa conclusión eran clasificados.
El funcionario sostuvo que no era viable ninguna investigación debido a que los procedimientos ya habían sido considerados legítimos por el Departamento.
En la audiencia en el Congreso de octubre, Mukasey se negó a opinar si el subarino era o no una tortura.
Mukasey pidió al Congreso que renovara la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA, por sus siglas en inglés), que vencerá la próxima semana y que concede inmunidad retroactiva a las compañías privadas de telecomunicaciones que cooperaron con el gobierno para interceptar, sin necesidad de órdenes judiciales, llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico que las autoridades sospechaban estaban vinculadas con actividades terroristas.
El secretario indicó que las empresas participaron a pedido del gobierno y estaban convencidas de que sus esfuerzos eran "necesarios y legales".
El tema de darle inmunidad a las compañías de telecomunicaciones está en el centro del actual debate del Senado sobre la renovación de la FISA. Según esa ley, el gobierno puede obtener órdenes de tribunales especiales para interceptar llamadas y correo privado.
La audiencia en el Congreso fue realizada en momentos en que las técnicas usadas por Estados Unidos para interrogar sospechoso de terrorismo eran otra vez cuestionadas, tras un período de relativo silencio.
La polémica renació con los comentarios el miércoles del portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, quien señaló que el submarino es legal, y que el presidente George W. Bush podría autorizar a la CIA a reanudar su uso en circunstancias extraordinarias.
Fratto dijo que esas circunstancias extraordinarias podrían ser "creer que un ataque puede ser inminente".
Activistas por los derechos humanos lanzaron duras críticas a estas declaraciones.
"El submarino es de hecho una forma de tortura", dijo a IPS la activista Mary Shaw, de la oficina estadounidense de Amnistía Internacional.
"Por esta razón, el Manual de Campo del Ejército expresamente prohíbe su uso. Claramente viola las leyes estadounidenses e internacionales contra el trato cruel, inhumano o degradante. No hay excepciones, no importa cuándo haya ocurrido o bajo qué circunstancias", añadió.
Shaw informó que Amnistía exhortó al Congreso para que apruebe una ley que garantice pautas uniformes de interrogatorio para cualquier prisionero bajo custodia de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo.
"Al votar que todos los agentes de Estados Unidos se sometan a las técnicas de interrogatorio permitidas en el Manual de Campo del Ejército, el Congreso puede dar un paso significativo para prevenir la tortura y todo tipo de maltrato en el futuro, y para restaurar la moral de este país en el mundo", sostuvo.
Los comentarios de la Casa Blanca fueron hechos un día después de que el director general de la CIA, Michael Hayden, declaró en el Congreso que la agencia había usado el submarino en 2002 y en 2003 contra tres prisioneros pertenecientes a la red terrorista Al Qaeda, incluyendo al autoproclamado autor ideológico de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, jeque Mohammed.
En un nuevo testimonio el jueves, Hayden reconoció: "En mi opinión, y en la opinión de mis abogados en el Departamento de Justicia, no es seguro que esa técnica pueda ser considerada legal bajo el actual estatuto".
Washington defiende uso de la tortura
William Fisher
IPS
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, se negó este jueves a iniciar una investigación penal dentro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por el uso del "submarino" o simulación de ahogamiento en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
Mukasey tampoco investigará cualquier otro tipo de tortura --por él llamadas "técnicas de interrogación intensificadas"-- ni dejará que el Congreso legislativo tenga acceso un memorando preparado por la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia en el que se concluye que estas prácticas eran legales.
Esa oficina sostuvo que el llamado en inglés "waterboarding", tortura muy utilizada pro las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, fue "legal en ese momento", dijo Mukasey al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pero subrayó que los documentos relacionados con esa conclusión eran clasificados.
El funcionario sostuvo que no era viable ninguna investigación debido a que los procedimientos ya habían sido considerados legítimos por el Departamento.
En la audiencia en el Congreso de octubre, Mukasey se negó a opinar si el subarino era o no una tortura.
Mukasey pidió al Congreso que renovara la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA, por sus siglas en inglés), que vencerá la próxima semana y que concede inmunidad retroactiva a las compañías privadas de telecomunicaciones que cooperaron con el gobierno para interceptar, sin necesidad de órdenes judiciales, llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico que las autoridades sospechaban estaban vinculadas con actividades terroristas.
El secretario indicó que las empresas participaron a pedido del gobierno y estaban convencidas de que sus esfuerzos eran "necesarios y legales".
El tema de darle inmunidad a las compañías de telecomunicaciones está en el centro del actual debate del Senado sobre la renovación de la FISA. Según esa ley, el gobierno puede obtener órdenes de tribunales especiales para interceptar llamadas y correo privado.
La audiencia en el Congreso fue realizada en momentos en que las técnicas usadas por Estados Unidos para interrogar sospechoso de terrorismo eran otra vez cuestionadas, tras un período de relativo silencio.
La polémica renació con los comentarios el miércoles del portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, quien señaló que el submarino es legal, y que el presidente George W. Bush podría autorizar a la CIA a reanudar su uso en circunstancias extraordinarias.
Fratto dijo que esas circunstancias extraordinarias podrían ser "creer que un ataque puede ser inminente".
Activistas por los derechos humanos lanzaron duras críticas a estas declaraciones.
"El submarino es de hecho una forma de tortura", dijo a IPS la activista Mary Shaw, de la oficina estadounidense de Amnistía Internacional.
"Por esta razón, el Manual de Campo del Ejército expresamente prohíbe su uso. Claramente viola las leyes estadounidenses e internacionales contra el trato cruel, inhumano o degradante. No hay excepciones, no importa cuándo haya ocurrido o bajo qué circunstancias", añadió.
Shaw informó que Amnistía exhortó al Congreso para que apruebe una ley que garantice pautas uniformes de interrogatorio para cualquier prisionero bajo custodia de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo.
"Al votar que todos los agentes de Estados Unidos se sometan a las técnicas de interrogatorio permitidas en el Manual de Campo del Ejército, el Congreso puede dar un paso significativo para prevenir la tortura y todo tipo de maltrato en el futuro, y para restaurar la moral de este país en el mundo", sostuvo.
Los comentarios de la Casa Blanca fueron hechos un día después de que el director general de la CIA, Michael Hayden, declaró en el Congreso que la agencia había usado el submarino en 2002 y en 2003 contra tres prisioneros pertenecientes a la red terrorista Al Qaeda, incluyendo al autoproclamado autor ideológico de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, jeque Mohammed.
En un nuevo testimonio el jueves, Hayden reconoció: "En mi opinión, y en la opinión de mis abogados en el Departamento de Justicia, no es seguro que esa técnica pueda ser considerada legal bajo el actual estatuto".
¿OPERACIÓN "CAUSA JUSTA" CONTRA VENEZUELA?
Romain Migus
Red Voltaire
El diario francés Le Monde, conocido por su comportamiento como fiel repetidor de la propaganda atlantista, se hace eco de las imputaciones de la administración Bush contra el gobierno venezolano, acusando a este último de participar en el tráfico mundial de droga. Esta afirmación –que no se justifica en modo alguno, según los informes de la ONU que, además, la contradicen– es uno de los medios clásicos a los que recurre Washington como justificación de sus operaciones militares.
El 8 de agosto de 2005, el gobierno venezolano ponía fin a la colaboración de sus servicios de lucha antidroga con sus colegas estadounidenses de la Drug Enforcement Administration (DEA). Las autoridades venezolanas señalaron que los agentes estadounidenses dedicaban más tiempo al espionaje que a dicha cooperación. La DEA tenía oficinas dentro de la propia sede de la Oficina Nacional Antidroga venezolana (ONA), locales a los que no tenía acceso ni siquiera el mismísimo director de la ONA. La ruptura con la DEA no aísla a Venezuela de la lucha antidroga ya que dicho país mantiene en ese campo 50 acuerdos internacionales con 37 países, la mayoría europeos [1].
A partir de la expulsión de la DEA, el problema de salud pública mundial que constituye la lucha contra el tráfico se convertiría, sin embargo, en tema recurrente de la guerra político-mediática contra Venezuela.
Sin la DEA, mejoran los resultados
Lo interesante es que, sin el financiamiento ni la cooperación estadounidense, Venezuela obtuvo resultados sorprendentes. Los servicios venezolanos habían confiscado 43 toneladas de cocaína en 2004, con la cooperación de la DEA. En 2005, esa cifra se elevó a 77,5 toneladas, después de la expulsión de la DEA. A pesar de un ligero descenso en 2007, año en que Venezuela confiscó 57,5 toneladas, las acciones de decomiso de cargamentos de cocaína por las autoridades de Venezuela siguen siendo ampliamente superiores a las que se realizaban con la colaboración de la agencia estadounidense [2].
Según la ONU, desde la expulsión de la DEA, Venezuela ha sido –durante 3 años consecutivos– el tercer país que contabiliza la mayor cantidad de incautaciones de cocaína a nivel mundial. Numerosos barones de la droga han sido arrestados en Venezuela durante ese período y algunos han sido entregados a las autoridades colombianas. De manera general, el gobierno venezolano ha puesto trás de las rejas a 4 000 traficantes, así como a 68 funcionarios de la policía acusados de colaborar con el crimen organizado. Durante el año 2007, Venezuela cerró 12 laboratorios clandestinos que producían hasta una tonelada de droga diaria.
El informe mundial de la ONU sobre la droga correspondiente al año 2007 recuerda varias cifras esclarecedoras. El mayor productor mundial de cocaína es Colombia, con el 62% de la producción mundial [3]; el mayor productor de opio del mundo es Afganistán, que concentra el 92% de la producción [4]. Esos dos países cuentan con una masiva presencia del ejército de Estados Unidos en sus territorios, el primero en el marco del Plan Colombia y el segundo debido a la ocupación militar «Libertad Inmutable». El informe de la ONU demuestra que, a pesar de la ocupación militar estadounidense, los resultados en materia de lucha antidroga son catastróficos en ambos países. Peor aún, en el caso de Afganistán, la producción aumentó entre 2005 y 2006.
En cuanto al consumo, Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de droga, con cifras muy superiores al resto de los países. Por ejemplo, en Nueva York el consumo de cocaína por habitante es casi 12 veces más alto que en París. [5]
El 50% de la cocaína disponible en territorio estadounidense entra por la costa del Pacífico y el 38% llega bordeando la costa de los países de América Central [6]. En otras palabras, el 88% de la cocaína que llega a Estados Unidos no pasa, según la ONU, por Venezuela.
Este rápido pase de revista de las cifras de la lucha antidrogas en Venezuela nos parece necesario para comprender el sentido de un reciente artículo del diario francés Le Monde, que presenta al gobierno venezolano como cómplice del tráfico de droga [7]. En ese artículo nos dicen que un hombre de negocios venezolano, Walter Del Nogal, está a punto de ser condenado en Italia por tráfico de drogas. Según el artículo, Del Nogal es conocido como cercano al gobierno venezolano y se afirma que incluso financió las campañas de varios candidatos oficialistas, dejando incluso planear la duda sobre el propio presidente Chávez.
El caso Del Nogal
Veamos los hechos. Del Nogal fue arrestado en Palermo, en septiembre de 2007. El 4 de octubre, el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Isaías Rodríguez, recordó que 2 fiscales venezolanos ya venían investigando a Del Nogal antes de su arresto en Italia [8]. El fiscal general venezolano señaló además que las autoridades judiciales venezolanas habían ofrecido su cooperación a la investigación de los jueces italianos. El 15 de octubre, todos los bienes, haberes, empresas, jets privados, automóviles e inmuebles pertenecientes a Del Nogal fueron incautados por la justicia venezolana y puestos a la disposición de la ONA, como recuerda Le Monde.
En cuanto a las acusaciones de este diario francés, que publicó una foto en la que se puede ver a Del Nogal (a la izquierda en la fotografía) junto al alcalde de Caracas, Juan Barreto (de frente y con corbata en la foto), este último explicó en qué circunstancias fue captada la imagen. Se trataba de una reunión entre miembros de su partido político y numerosos empresarios con vistas a solicitar fondos para sus campañas electorales, lo cual es legal en Venezuela. Aquella noche se hicieron muchas fotos en las que diferentes personalidades políticas posaron junto a numerosos empresarios venezolanos, entre los que se encontraba Walter Del Nogal.
En cuanto al opositor socialdemócrata Julio Montoya, cuyas declaraciones cita Le Monde, el alcalde Juan Barreto amenazó con demandarlo por difamación si no presentaba pruebas formales del supuesto vínculo del alcalde de Caracas con el tráfico de droga. Como Montoya no pudo aportar más prueba que la foto tomada durante el encuentro con los empresarios, se acabaron las acusaciones.
Se acabaron… en Venezuela, ya que Le Monde vuelve a la carga, aunque sin aportar pruebas. Le Monde suscita sospechas no sólo sobre el alcalde de Caracas sino incluso sobre varios responsables del gobierno y sobre el propio presidente de la República, Hugo Chávez.
Este periodismo acusatorio es usual cuando se trata de Venezuela. Pero lo interesante es preguntarse por qué Le Monde y Paolo A. Paranagua, normalmente tan rápidos en proceder al linchamiento mediático y la desinformación sobre Venezuela, no se decidieron a hablar hasta ahora de un asunto que data de hace más de 4 meses. ¿Qué los motivó a retomar ahora un incidente que actualmente tiene más relación con la justicia que con la información en tiempo real?
¿Hacia una operación «Causa Justa» en Venezuela?
El 20 de enero de 2007, durante una visita a Colombia, el director del Buró para la Política del Control de Drogas de la Casa Blanca –John P. Walters, con rango de ministro y con un presupuesto de 19 000 millones de dólares a su disposición– declaró que «Hugo Chávez se está convirtiendo en un importante facilitador de cocaína hacia Europa y otras regiones del hemisferio», léase Estados Unidos.
Inmediatamente, los medios comerciales venezolanos se hacen eco de las declaraciones de Walters, que tienen lugar poco después del pedido de Hugo Chávez de considerar a las FARC como fuerza beligerante en vez de «narcoterroristas». La intención de Walters salta a la vista. Se trata de acusar a Hugo Chávez de estar en contubernio con el tráfico de droga internacional. Esa misma acusación fue el elemento clave mediático que legitimó la intervención de Estados Unidos en Panamá, en 1989, y en menor medida la invasión de Afganistán en 2001 (además del terrorismo). Esa fue también la razón que se invocó para implementar el Plan Colombia y el fortalecimiento de la ayuda militar al gobierno colombiano en su guerra contra la guerrilla. En pocas palabras, se trata de un arma poderosa en la propaganda de guerra que antecede a toda intervención militar.
Pero, como ya hemos visto, los hechos contradicen la afirmación de John Walters. Tanto el Informe Mundial sobre la droga de la ONU como el Mecanismo Multilateral de Evaluación de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayan los excelentes resultados de Venezuela en la lucha antidroga.
La declaración de John Walters fue desmentida por el presidente de la Oficina Nacional Antidroga de Venezuela, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, la Asamblea Nacional venezolana y por el presidente Hugo Chávez.
Pero, ¿qué importa que el gobierno venezolano y los organismos multilaterales digan lo contrario? Las declaraciones de John Walters no buscan otra cosa que crear en la opinión pública mundial la impresión de que el gobierno venezolano está vinculado al tráfico de drogas, con vistas a justificar las peores atrocidades.
¿Por qué el diario Le Monde y Paolo A. Paranagua deciden traer nuevamente a colación un hecho de crónica roja sucedido hace 4 meses si no es con tal de hacerlo concordar con la enésima ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela?
¿Qué somos nosotros para Le Monde y Paolo A. Paranagua? ¿Lectores dignos de recibir información objetiva, o más bien simples blancos de la propaganda de guerra estadounidense?
Es bueno recordar que los estatutos de la alianza atlántica, modificados durante el cincuentenario de ese pacto militar, autorizan ahora a las fuerzas de la OTAN a participar en operaciones militares fuera de su zona geográfica en el marco de la «guerra mundial contra las drogas».
Nota: Se conoce como «Operation Just Cause» en inglés, (Operación Justa Causa) a la invasión militar realizada por el ejército de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989 con la finalidad de capturar al General Manuel Antonio Noriega, gobernante de la República de Panamá, a quien los EEUU acusaban de delito de narcotráfico.
Romain Migus
Los artículos de esta autora o autor
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[1] Conferencia de prensa de Nelson Reverol, presidente de la ONA, Caracas, 22 de enero de 2008.
[2] «Le Venezuela doute du professionnalisme de l’agence anti-drogue américaine», Xinhua, 23 de enero de 2008.
[3] 2007 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 44.
[4] 2007 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 69.
[5] 2007 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 272.
[6] 2007 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 175.
[7] «Un homme d’affaires proche du pouvoir vénézuélien impliqué dans le trafic de drogue en Sicile», por Jean-Jacques Bozonnet y Paulo A. Paranagua, Le Monde, 29 de julio de 2008.
[8] «Venezuela solicitó información a Italia sobre detención de empresario del Nogal», Agencia Bolivariana de Noticias, 5 de octubre de 2007.
Red Voltaire
El diario francés Le Monde, conocido por su comportamiento como fiel repetidor de la propaganda atlantista, se hace eco de las imputaciones de la administración Bush contra el gobierno venezolano, acusando a este último de participar en el tráfico mundial de droga. Esta afirmación –que no se justifica en modo alguno, según los informes de la ONU que, además, la contradicen– es uno de los medios clásicos a los que recurre Washington como justificación de sus operaciones militares.
El 8 de agosto de 2005, el gobierno venezolano ponía fin a la colaboración de sus servicios de lucha antidroga con sus colegas estadounidenses de la Drug Enforcement Administration (DEA). Las autoridades venezolanas señalaron que los agentes estadounidenses dedicaban más tiempo al espionaje que a dicha cooperación. La DEA tenía oficinas dentro de la propia sede de la Oficina Nacional Antidroga venezolana (ONA), locales a los que no tenía acceso ni siquiera el mismísimo director de la ONA. La ruptura con la DEA no aísla a Venezuela de la lucha antidroga ya que dicho país mantiene en ese campo 50 acuerdos internacionales con 37 países, la mayoría europeos [1].
A partir de la expulsión de la DEA, el problema de salud pública mundial que constituye la lucha contra el tráfico se convertiría, sin embargo, en tema recurrente de la guerra político-mediática contra Venezuela.
Sin la DEA, mejoran los resultados
Lo interesante es que, sin el financiamiento ni la cooperación estadounidense, Venezuela obtuvo resultados sorprendentes. Los servicios venezolanos habían confiscado 43 toneladas de cocaína en 2004, con la cooperación de la DEA. En 2005, esa cifra se elevó a 77,5 toneladas, después de la expulsión de la DEA. A pesar de un ligero descenso en 2007, año en que Venezuela confiscó 57,5 toneladas, las acciones de decomiso de cargamentos de cocaína por las autoridades de Venezuela siguen siendo ampliamente superiores a las que se realizaban con la colaboración de la agencia estadounidense [2].
Según la ONU, desde la expulsión de la DEA, Venezuela ha sido –durante 3 años consecutivos– el tercer país que contabiliza la mayor cantidad de incautaciones de cocaína a nivel mundial. Numerosos barones de la droga han sido arrestados en Venezuela durante ese período y algunos han sido entregados a las autoridades colombianas. De manera general, el gobierno venezolano ha puesto trás de las rejas a 4 000 traficantes, así como a 68 funcionarios de la policía acusados de colaborar con el crimen organizado. Durante el año 2007, Venezuela cerró 12 laboratorios clandestinos que producían hasta una tonelada de droga diaria.
El informe mundial de la ONU sobre la droga correspondiente al año 2007 recuerda varias cifras esclarecedoras. El mayor productor mundial de cocaína es Colombia, con el 62% de la producción mundial [3]; el mayor productor de opio del mundo es Afganistán, que concentra el 92% de la producción [4]. Esos dos países cuentan con una masiva presencia del ejército de Estados Unidos en sus territorios, el primero en el marco del Plan Colombia y el segundo debido a la ocupación militar «Libertad Inmutable». El informe de la ONU demuestra que, a pesar de la ocupación militar estadounidense, los resultados en materia de lucha antidroga son catastróficos en ambos países. Peor aún, en el caso de Afganistán, la producción aumentó entre 2005 y 2006.
En cuanto al consumo, Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de droga, con cifras muy superiores al resto de los países. Por ejemplo, en Nueva York el consumo de cocaína por habitante es casi 12 veces más alto que en París. [5]
El 50% de la cocaína disponible en territorio estadounidense entra por la costa del Pacífico y el 38% llega bordeando la costa de los países de América Central [6]. En otras palabras, el 88% de la cocaína que llega a Estados Unidos no pasa, según la ONU, por Venezuela.
Este rápido pase de revista de las cifras de la lucha antidrogas en Venezuela nos parece necesario para comprender el sentido de un reciente artículo del diario francés Le Monde, que presenta al gobierno venezolano como cómplice del tráfico de droga [7]. En ese artículo nos dicen que un hombre de negocios venezolano, Walter Del Nogal, está a punto de ser condenado en Italia por tráfico de drogas. Según el artículo, Del Nogal es conocido como cercano al gobierno venezolano y se afirma que incluso financió las campañas de varios candidatos oficialistas, dejando incluso planear la duda sobre el propio presidente Chávez.
El caso Del Nogal
Veamos los hechos. Del Nogal fue arrestado en Palermo, en septiembre de 2007. El 4 de octubre, el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Isaías Rodríguez, recordó que 2 fiscales venezolanos ya venían investigando a Del Nogal antes de su arresto en Italia [8]. El fiscal general venezolano señaló además que las autoridades judiciales venezolanas habían ofrecido su cooperación a la investigación de los jueces italianos. El 15 de octubre, todos los bienes, haberes, empresas, jets privados, automóviles e inmuebles pertenecientes a Del Nogal fueron incautados por la justicia venezolana y puestos a la disposición de la ONA, como recuerda Le Monde.
En cuanto a las acusaciones de este diario francés, que publicó una foto en la que se puede ver a Del Nogal (a la izquierda en la fotografía) junto al alcalde de Caracas, Juan Barreto (de frente y con corbata en la foto), este último explicó en qué circunstancias fue captada la imagen. Se trataba de una reunión entre miembros de su partido político y numerosos empresarios con vistas a solicitar fondos para sus campañas electorales, lo cual es legal en Venezuela. Aquella noche se hicieron muchas fotos en las que diferentes personalidades políticas posaron junto a numerosos empresarios venezolanos, entre los que se encontraba Walter Del Nogal.
En cuanto al opositor socialdemócrata Julio Montoya, cuyas declaraciones cita Le Monde, el alcalde Juan Barreto amenazó con demandarlo por difamación si no presentaba pruebas formales del supuesto vínculo del alcalde de Caracas con el tráfico de droga. Como Montoya no pudo aportar más prueba que la foto tomada durante el encuentro con los empresarios, se acabaron las acusaciones.
Se acabaron… en Venezuela, ya que Le Monde vuelve a la carga, aunque sin aportar pruebas. Le Monde suscita sospechas no sólo sobre el alcalde de Caracas sino incluso sobre varios responsables del gobierno y sobre el propio presidente de la República, Hugo Chávez.
Este periodismo acusatorio es usual cuando se trata de Venezuela. Pero lo interesante es preguntarse por qué Le Monde y Paolo A. Paranagua, normalmente tan rápidos en proceder al linchamiento mediático y la desinformación sobre Venezuela, no se decidieron a hablar hasta ahora de un asunto que data de hace más de 4 meses. ¿Qué los motivó a retomar ahora un incidente que actualmente tiene más relación con la justicia que con la información en tiempo real?
¿Hacia una operación «Causa Justa» en Venezuela?
El 20 de enero de 2007, durante una visita a Colombia, el director del Buró para la Política del Control de Drogas de la Casa Blanca –John P. Walters, con rango de ministro y con un presupuesto de 19 000 millones de dólares a su disposición– declaró que «Hugo Chávez se está convirtiendo en un importante facilitador de cocaína hacia Europa y otras regiones del hemisferio», léase Estados Unidos.
Inmediatamente, los medios comerciales venezolanos se hacen eco de las declaraciones de Walters, que tienen lugar poco después del pedido de Hugo Chávez de considerar a las FARC como fuerza beligerante en vez de «narcoterroristas». La intención de Walters salta a la vista. Se trata de acusar a Hugo Chávez de estar en contubernio con el tráfico de droga internacional. Esa misma acusación fue el elemento clave mediático que legitimó la intervención de Estados Unidos en Panamá, en 1989, y en menor medida la invasión de Afganistán en 2001 (además del terrorismo). Esa fue también la razón que se invocó para implementar el Plan Colombia y el fortalecimiento de la ayuda militar al gobierno colombiano en su guerra contra la guerrilla. En pocas palabras, se trata de un arma poderosa en la propaganda de guerra que antecede a toda intervención militar.
Pero, como ya hemos visto, los hechos contradicen la afirmación de John Walters. Tanto el Informe Mundial sobre la droga de la ONU como el Mecanismo Multilateral de Evaluación de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayan los excelentes resultados de Venezuela en la lucha antidroga.
La declaración de John Walters fue desmentida por el presidente de la Oficina Nacional Antidroga de Venezuela, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, la Asamblea Nacional venezolana y por el presidente Hugo Chávez.
Pero, ¿qué importa que el gobierno venezolano y los organismos multilaterales digan lo contrario? Las declaraciones de John Walters no buscan otra cosa que crear en la opinión pública mundial la impresión de que el gobierno venezolano está vinculado al tráfico de drogas, con vistas a justificar las peores atrocidades.
¿Por qué el diario Le Monde y Paolo A. Paranagua deciden traer nuevamente a colación un hecho de crónica roja sucedido hace 4 meses si no es con tal de hacerlo concordar con la enésima ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela?
¿Qué somos nosotros para Le Monde y Paolo A. Paranagua? ¿Lectores dignos de recibir información objetiva, o más bien simples blancos de la propaganda de guerra estadounidense?
Es bueno recordar que los estatutos de la alianza atlántica, modificados durante el cincuentenario de ese pacto militar, autorizan ahora a las fuerzas de la OTAN a participar en operaciones militares fuera de su zona geográfica en el marco de la «guerra mundial contra las drogas».
Nota: Se conoce como «Operation Just Cause» en inglés, (Operación Justa Causa) a la invasión militar realizada por el ejército de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989 con la finalidad de capturar al General Manuel Antonio Noriega, gobernante de la República de Panamá, a quien los EEUU acusaban de delito de narcotráfico.
Romain Migus
Los artículos de esta autora o autor
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[1] Conferencia de prensa de Nelson Reverol, presidente de la ONA, Caracas, 22 de enero de 2008.
[2] «Le Venezuela doute du professionnalisme de l’agence anti-drogue américaine», Xinhua, 23 de enero de 2008.
[3] 2007 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 44.
[4] 2007 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 69.
[5] 2007 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 272.
[6] 2007 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 175.
[7] «Un homme d’affaires proche du pouvoir vénézuélien impliqué dans le trafic de drogue en Sicile», por Jean-Jacques Bozonnet y Paulo A. Paranagua, Le Monde, 29 de julio de 2008.
[8] «Venezuela solicitó información a Italia sobre detención de empresario del Nogal», Agencia Bolivariana de Noticias, 5 de octubre de 2007.
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