A pesar del discurso oficial sobre la supuesta “desmovilización” paramilitar, este sigue intacto en sus estructuras financieras, logísticas y en sus lazos bien estructurados con el régimen colombiano. La Guajira es, hoy por hoy, un ejemplo de que el régimen miente, además el paramilitarismo no puede vivir sin ser política de estado. En fin, es por eso que para definir al régimen que regenta el poder en Colombia, no exageramos cuando decimos que es un régimen narcoparamilitar, con profundas raíces excluyentes.
La Guajira de hoy es un botín de guerra, donde el capital transnacional ha izado sus armas para desplazar a la comunidad wayúu, en complicidad con el estado y sus aparatos represivos, más su brazo paramilitar. Un ejemplo de ello, y para nadie es un secreto, es que el mayor de los Castaño sigue operando en los territorios wayúu. Allí lo han visto desde las rancherías, cuando pasa con su guardia pretoriana y otras cuando la misma Policía lo escolta. Mucha cocaína sigue saliendo desde La Guajira, las mismas rutas, el mismo modus operandi, piénsese que una ruta de exportación de cocaína es una ruta de corrupción donde intervienen todas las estructuras del estado.
En La Guajira hoy se desarrollan varios macroproyectos, todos ellos con las consecuencias en el ecosistema, sin cumplir los requisitos medioambientales, profanando lugares sagrados, desplazando a la población, rompiendo su cohesión interna, irrumpiendo en la dinámica económica, y lo que es peor, sin ninguna consulta previa de la comunidad. Estos proyectos han causado divisiones internas, pues ciertos clanes, ingenuamente, sueñan que lloverá dinero por concepto de regalías. La verdad es que la esperanza de la riqueza, generada por El Cerrejón, sólo ha dejando un territorio desmembrado y unos miles de indígenas enfermos, dejados al garete por el estado y por las multinacionales.
Los proyectos que han prometido llevar la prosperidad a La Guajira son, entre otros: El Cerrejón, el proyecto del parque eólico Jepirrachi, el puerto multipropósito de Dibulla, el proyecto hidrocarburífero Contrato Caribe, el proyecto hidrocarburífero Contrato Guajira, Hidroeléctrica Ranchería, el proyecto de manejo industrial del etnoturismo y ecoturismo del Cabo de la Vela y el poliducto del Caribe. Este último, resultado del acuerdo firmado entre los gobiernos de Venezuela y Colombia en el 2005, que tiene como objetivo la construcción de un gaseoducto internacional de 330 kilómetros, 130 de ellos por el mar Caribe. Del lado colombiano, el gobierno ha ignorado el impacto de este proyecto sobre la comunidad wayúu, ha negado la interlocución, esperando quizá que los paramilitares lleguen para dirimir el desacuerdo con los indígenas, como sólo ellos saben, a punta de motosierra. Muchas masacres se han producido ya, anunciando los progresos del capital trasnacional.
Del otro lado de la frontera, el presidente Chávez ha ordenado poner el orden en la zona limítrofe, dándole un golpe certero a las finanzas paramilitares. En la frontera, la corrupción de la Guardia Nacional venezolana y las Fuerzas Militares colombianas ha servido de caldo de cultivo para que los paramilitares pasen libremente el contrabando de gasolina, y por supuesto la cocaína. En estas zonas, el control económico paramilitar es total: ellos cobran impuestos a todo tipo de negocio. Negando esta realidad, el gobierno colombiano sigue argumentando el supuesto paso de la insurgencia colombiana al territorio venezolano, para desprestigiar el proceso venezolano, cuando en realidad lo que se pretende encubrir son las intenciones del régimen colombiano y de los Estados Unidos de colombianizar Venezuela.
Esa frontera común de las dos naciones, históricamente zona de disputa por el contrabando y otras prácticas económicas legales e ilegales, es hoy en día laboratorio de guerra, como en su tiempo lo fueron y han sido Urabá, Barrancabermeja, Arauca y otras regiones del país. La fórmula es la misma: paramilitarismo masacrando y desplazando, macroproyectos implementándose, mientras el régimen se arrodilla a los intereses extranjeros.
El pueblo wayúu, guerrero como ha sido siempre, tiene un desafío importante, y es contrarrestar el miedo, organizarse, trabajar por la unidad de los pueblos indígenas y luchar. Esas formas organizativas tienen un desafío importante, entre otros, para consolidarse deben escaparse del ONGismo que acecha, la Usaid con sus dólares y otras ONG oportunistas.
Los indígenas colombianos no pueden olvidar que el capitalismo salvaje no sabe de memoria colectiva ni de lugares sagrados, y que el régimen narcoparamilitar uribista no entiende otro lenguaje que el del gran capital y la guerra.
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